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Rafael Pineda y los otros cuatro detenidos pasan a disposición judicial

Los cinco detenidos han llegado en dos furgones de la Guardia Civil desde la Comandancia de Montequinto, donde han pasado la noche en los calabozos

La juez reclama las actas de Emvisesa para decidir si imputa a dos ediles del PP en el caso Pineda

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El furgón de la Guardia Civil con los cinco detenidos. / Ismael Rubio

El ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía Rafael Pineda, su mujer y los otros tres detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han pasado este miércoles a disposición de la juez de Instrucción 10 de Sevilla, que investiga la enajenación de una parcela de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa), que fue adquirida por una sociedad de la esposa de Pineda por 1,7 millones de euros y vendida en menos de cinco meses por casi cuatro millones.

Los cinco detenidos han llegado a los juzgados de Guardia de Sevilla sobre las diez de la mañana, conducidos en dos furgones de la Guardia Civil desde la Comandancia de Montequinto, donde han pasado la noche en los calabozos. Los furgones han entrado directamente en la sede judicial, con lo que los reporteros gráficos que estaban apostados en los juzgados no han podido captar ninguna imagen de Rafael Pineda y los otros investigados.

Los agentes de la UCO practicaron ayer cinco detenciones relacionadas con la venta de dicha parcela, entre ellas la de dos antiguos socios de la esposa de Pineda y un ex trabajador de la Empresa Municipal de Vivienda que recibió un pago de 78.650 euros de la empresa de la mujer de Rafael Pineda. De esta forma, la Guardia Civil ha detenido al menos a cinco personas en relación con esta operación, si bien hay varias personas más que han sido citadas a declarar en calidad de investigados pero no detenidos.

Las detenciones se producen después del informe remitido por la Guardia Civil a la juez de Instrucción 10 de Sevilla, en el que se apuntaba que en el marco de la investigación a Rafael Pineda -quien según los agentes vendría realizando gestiones para terceros antes distintas administraciones públicas "a cambio de contraprestaciones económicas por dichas gestiones"- se detectaron ciertos "indicios sospechosos" en las actividades de su esposa, Olga P., que es la administradora y única socia de la empresa Higuerón Real Estate, sociedad que fue la adjudicataria de la subasta pública de la mencionada parcela.

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