Contra la pandemia, medidas financieras, laborales y fiscales. Las primeras para ayudar a las empresas solventes a resistir las tensiones de tesorería. Las ayudas al empleo (los ERTE, en el caso de España) para minimizar el efecto sobre el empleo en las actividades más perjudicadas. Ambas con indiscutible vocación transitoria, pero ¿y las fiscales? El Gobierno puso en marcha un amplio paquete de medidas que incluían aplazamientos de declaraciones y deuda tributaria, ayudas sectoriales y al consumo de energía e incluso una reducción al 0% del IVA sobre material sanitario. Todas ligadas al Covid-19 y, por lo tanto, temporales, pero ¿qué ocurrirá cuando la nueva normalidad se estabilice?

Una sentencia de 2013 del Tribunal de Justicia Europeo obligó a España a eliminar los tipos reducidos de IVA sobre el material sanitarios hasta el 21%, aunque ahora se ha podido eliminar por completo por lo excepcional de las circunstancias. Otros países, como Alemania, han ido más lejos ya han rebajado el tipo de IVA desde el 19 al 16% (y del 7 al 5% el reducido) con el fin de estimular el consumo y limitar en lo posible el desplome de la economía. También una medida excepcional por la necesidad de utilizar todo el arsenal contra la crisis, pero que altera los términos de competitividad y sin certeza alguna sobre su transitoriedad.

El Gobierno de España intentó el pasado año modificar algunos impuestos y crear otros nuevos, pero sólo pudo hacer lo segundo porque no consiguió sacar adelante su proyecto de presupuestos. Cuando se iniciaron los contactos políticos para asegurar los de este año, también se puso en marcha la maquinaria propagandística para intentar convencernos de que lo de subir impuestos en este país es, sobre todo, una cuestión de “justicia fiscal”. Además, si se suben las pensiones, el sueldo de los funcionarios y el gasto público, hay que subir los impuestos y como la presión fiscal es bastante menor en España que en el resto de Europa, tampoco se verá excesivamente perjudicada la competitividad de nuestra economía.

En un artículo anterior se intentó refutar el argumento de la reducida presión fiscal española para justificar la pretensión, previa al coronavirus, del gobierno de practicar una fuerte subida de impuestos, aunque admitiendo finalmente que probablemente resultará. Habrá subida de impuestos porque, pese a las ayudas europeas y a la relajación de las exigencias en materia de déficit, la demanda de gasto público se ha disparado muy por encima de lo previsible. Para los más suspicaces, el Covid-19 podría ser una oportunidad para vincular a la pandemia subidas de impuestos cuya verdadera fundamentación sería política o ideológica. El problema sería que terminaría afectando a la competitividad, en cualquier caso, pero especialmente cuando en otros lugares se reduce la fiscalidad sobre las empresas.

En el caso del IVA, la tarifa básica en España (21%) puede considerarse de nivel intermedio dentro de la Unión Europea, puesto que es la misma que en otros 5 países, inferior a la de 11 y superior a la de 10. El elevado nivel de fraude y la aceptación social del mismo sugiere, además de la subida, existe un amplio margen para la mejora del rendimiento del impuesto por la vía de la vigilancia y la gestión.

El impuesto sobre el beneficio de las sociedades es el más conflictivo por su influencia en la localización de la inversión extranjera directa y por la profusa ingeniería contable para la imputación de beneficios de las empresas multinacionales donde el gravamen es inferior. Aunque flota en el ambiente la idea de que las sociedades pagan muy poco por este impuesto en España, los datos de Corporate Tax Statistics (OCDE) indican más bien lo contrario. La tarifa nominal es 25%, aproximadamente dos puntos por encima del promedio de la UE, pero el tipo efectivo es 24,8, mientras que en el conjunto de la Unión es 20,1. Por otro lado, este impuesto proporciona el 7,2% del total de los ingresos tributarios en España, uno de los más elevados de Europa, cuestionando abiertamente el supuesto trato fiscal ventajoso a las empresas en España.

Los otros dos capítulos relevantes en materia de fiscalidad empresarial son la denominada cuña fiscal (diferencia entre el coste del trabajo para la empresa y el salario percibido por los trabajadores, que incluye las cotizaciones sociales a cargo de las empresas), que en España es particularmente elevada (39,5%), y el precio de los suministros básicos. En particular, el coste de la energía eléctrica y el de los combustibles.

Tampoco es cierto que el precio de la electricidad en España sea el más elevado de Europa y todavía menos que aquí se paguen más impuestos que en el resto. De hecho, según Eurostat, el precio medio del Kw/h durante el segundo semestre de 2019 para el consumo no doméstico, incluyendo todos los impuestos, fue de 0,1336 euros, frente a 0,1431 en la UE-27 y 0,1515 en la Eurozona. En cambio, el pecio sin impuestos fue 0,0889, superior a la media de la Unión y de la Eurozona. Con el combustible ocurre algo parecido. Pagamos uno de los precios más elevados antes de impuestos, aunque el gravamen posterior, contra lo que a veces pensamos, es uno de los más reducidos.

Todo lo anterior se refleja en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional que elabora la OCDE y que sitúa a España en el puesto 23 de entre los 36 países más desarrollados. No hay, por tanto, mucho margen para subir impuestos, al margen de las urgencias derivadas del Covid-19. Sobre todo, porque a raíz de las iniciativas de Trump para mejorar la competitividad de la economía norteamericana bajando impuestos a los ricos y a las empresas, otros países, entre ellos algunos europeos, han intentado copiar la receta. Como consecuencia de ello, el enquistado problema de la armonización fiscal europea se agrava de un tiempo a esta parte, perjudicando a los menos competitivos. En una economía sin fronteras interiores y con una misma moneda esto repercute en forma de distorsiones en los niveles de actividad, de empleo y de bienestar.