Alaya libera a un funcionario de la operación Madeja tras pagar 60.000 euros de fianza

La juez Mercedes Alaya ha dejado en libertad provisional al responsable de Conservación del Parque de María Luisa Francisco Luis Huertas, después de que la familia de este funcionario imputado en la segunda fase de la operación Madeja haya presentado un aval bancario por importe de 60.000 euros. Según explicaron a este periódico fuentes del caso, que continúa bajo secreto de sumario, Francisco Luis Huertas abandonó la prisión de Sevilla-I en la tarde del pasado viernes, tras haber pasado un mes en prisión provisional.

En la cárcel continúan actualmente los otros dos imputados que fueron encarcelados en la madrugada del pasado 19 de diciembre de 2013, el empresario de Fitonovo José Antonio González Baró y el ex jefe de servicio de la delegación de Parques y Jardines el Ayuntamiento de Sevilla, Francisco de Amores.

En el caso de estos dos últimos imputados, la juez Alaya había decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza, mientras que Francisco Luis Huertas fue encarcelado al no poder hacer frente a la fianza de 150.000 euros que le impuso la magistrada como medida para evitar su encarcelamiento. Su defensa presentó un recurso de reforma que Alaya admitió parcialmente, por lo que acordó reducir la fianza hasta los 60.000 euros. Con la ayuda de toda su familia, Francisco Luis Huertas logró reunir un aval bancario de esa cantidad y Alaya acordó finalmente su excarcelación.

Las defensas de los tres imputados que fueron a prisión -otros dos imputados quedaron en libertad con cargos- alegaron que estas personas tienen arraigo familiar en Sevilla y no existía riesgo de fuga ni de que destruyesen pruebas, dado que cuando fueron arrestados por la Guardia Civil se procedió a un registro exhaustivo de sus despachos en los que fue incautada toda la documentación y los soportes informáticos que los agentes consideraron relevantes para la investigación.

En el caso del empresario de Fitonovo José Antonio González Baró, Alaya le imputa hasta cinco hechos que podrían ser constitutivos del presunto cohecho que se investiga en relación con los contratos municipales y la supuesta entrega de dádiva o regalos a los funcionarios municipales. De esos cinco actos, la mayoría se habrían producido antes del año 2010, con lo que se trataría de hechos atípicos desde el punto de vista penal y no podrían ser susceptibles de condena, según fuentes de la investigación. Esta atipicidad vendría dada porque hasta esa reforma legal de 2010, el Código Penal no sancionaba la conducta cuando las dádivas o regalos se entregaban a posteriori y en señal de consideración, como "recompensa" de la solicitud realizada a la autoridad o funcionario público.

Alaya investiga en esta segunda fase de la operación Madeja si Fitonovo disponía de una supuesta "Contabilidad B" en la que aparecerían reflejados los presuntos pagos de comisiones ilegales a los funcionarios del Ayuntamiento a cambio de favores en la adjudicación de los contratos. Esta contabilidad oculta estaría incluso almacenada en un archivo informático -tipo Excel- en el ordenador de la empresa e incluiría pagos realizados desde 2003 en los que se habrían adjuntado los nombres y las iniciales de los supuestos perceptores de las mordidas.