Condena de 7 años de inhabilitación al ex edil socialista Francisco Fernández

La Justicia ha condenado a siete años de inhabilitación al ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Francisco Fernández por un delito de prevaricación, en relación con las adjudicaciones a la empresa Iturri de diverso material y vehículos para el cuerpo de Bomberos.

La sentencia del juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla ha declarado como hechos probados que Francisco Fernández, que fue delegado de Movilidad y Seguridad y portavoz de grupo municipal del PSOE en el Consistorio, adjudicó los contratos a Iturri "incumpliendo los requisitos y formalidades legalmente establecidas". La juez ha decidido castigar la actuación de Francisco Fernández -que en enero de 2012 dimitió de su cargo de secretario general de la agrupación socialista Julián Besteiro, una de las organizaciones de mayor fuerza en la ciudad- con una pena levemente inferior a la que había solicitado la Fiscalía, que mantuvo en el juicio su petición de ocho años de inhabilitación.

En el juicio, celebrado el pasado 21 de noviembre en el juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, Francisco Fernández declaró que no tuvo conocimiento de que estuviera cometiendo ninguna irregularidad administrativa a la hora de adquirir el equipamiento necesario para su incorporación a ocho vehículos autobomba, cuyo coste ascendió a 644.485 euros.

Francisco Fernández defendió en la vista oral que siempre actuó por el "interés general" de la ciudad ante la urgente necesidad de dotar a los Bomberos de los nuevos camiones, que únicamente disponían de un equipamiento básico o mínimo con el que, según el ex responsable municipal, los vehículos no eran operativos.

Su abogado defensor, Manuel Pérez Cuajares, puso de manifiesto en su informe de conclusiones que los hechos denunciados no podían constituir un delito de prevaricación, porque en este caso la "necesidad" de que se dotara del equipamiento a los vehículo "no se discute" por ninguna de las partes y además para que existiera esa infracción penal tendría que producirse, según la jurisprudencia, un "resultado materialmente injusto y con lesión del interés general", algo que la defensa estimaba no había tenido lugar en el supuesto enjuiciado.

La juez de lo Penal ha acogido, en cambio, la tesis planteada por la Fiscalía de Sevilla y la acusación particular que ha ejercido el sindicato profesional de Bomberos (SPB), que solicitaron la condena de Francisco Fernández por un delito de prevaricación.

El Ministerio Público había reclamado una condena de ocho años de inhabilitación, al estimar que la compra del material para los Bomberos se llevó a cabo de manera ilegal porque no se abrió ningún expediente administrativo, no se contó con la aprobación del Pleno municipal, no hubo pliego de condiciones técnicas ni publicidad para que otras empresas interesadas pudieran concurrir al concurso y hacer sus ofertas, al tiempo que destacó que tampoco se hizo la consignación presupuestaria correspondientes. Estos argumentos son los que recoge la sentencia para fundamentar la condena por prevaricación.

En su escrito de acusación, la Fiscalía había puesto de manifiesto que "en fecha no determinada pero inmediatamente anterior al 15 de mayo de 2007" el concejal adquirió el equipamiento necesario para los ocho vehículos, pero lo hizo "sin cumplir con los requisitos y formalidades" exigidas por ley para este tipo de contrataciones municipales.

Según la Fiscalía, el ex concejal Francisco Fernández adoptó esta "arbitraria resolución de adjudicación del contrato a Iturri a sabiendas de que estaba omitiendo las normas esenciales del procedimiento para la adquisición y contratación de bienes", lo que llevó al Ministerio Público a reclamar una condena de ocho años de inhabilitación.