El Dioni de Pino Montano llevaba cuatro años estafando a sus clientes

El administrador de fincas José Manuel Moreno Lucas-Viedma, conocido como el Dioni de Pino Montano, llevaba al menos cuatro años pidiendo créditos sin permiso a nombre de las comunidades que gestionaba. La Policía Nacional ha detectado "actos patrimoniales ilegítimos" cometidos presuntamente por este hombre desde 2022 hasta la actualidad, de manera continuada en el tiempo. Los investigadores no descartan que haya incluso algunas maniobras ilícitas anteriores a esta fecha. Así consta en el atestado del Grupo de Delincuencia Económica de Sevilla, remitido al juzgado que investiga el caso, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza número 8.

Lucas-Viedma ingresó el pasado jueves en prisión y se le investiga por cuatro delitos: estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. La juez destacó el peligro de fuga, la alarma social y el riesgo de destrucción de pruebas para acordar su encarcelamiento provisional sin fianza. El administrador fue detenido la tarde del 17 de febrero cuando salía de la casa de su hija, en Benacazón, después de varios días de intensa búsqueda por parte de la Policía, que llegó a pensar que se había fugado de España.

Se le buscó en la provincia de Sevilla, en Zahara de los Atunes y en Portugal. Fue "extremedamente difícil la localización de su círculo más cercano, el cual se ha mostrado en todo momento hermético o evasivo sobre el paradero" del sospechoso. Esto obligó a los agentes a insertar una orden de búsqueda y detención en las bases de datos policiales, si bien finalmente fue detenido en una de las vigilancias sobre el entorno más cercano del administrador.

La Policía traza en su informe el modus operandi del Dioni, que es siempre el mismo. En un primer momento, ofrece a las comunidades de propietarios la posibilidad de cambiar la cuenta bancaria a la entidad con la que habitualmente pide los créditos. Una vez formaliza el cambio, pueden darse dos circunstancias: que transfiera el saldo existente de la cuenta de origen a la nueva, o que lo desvíe a una cuenta controlada por él mismo. A continuación, solicita un crédito con la excusa de acometer mejoras en el edificio y formaliza una solicitud "con la participación de personas que realmente no la han tenido ni han prestado consentimiento alguno, incurriendo de este modo en el delito de administración desleal".

Los investigadores han solicitado al banco la información oportuna para conocer la metodología que seguía para solicitar los préstamos, "si bien parece del todo probable el uso de falsedad en documento mercantil, puesto que el simple hecho de estar autorizado en una cuenta corriente no lo habilita para la contratación de este tipo de productos". Una vez que el dinero destinado al préstamo es ingresado en la cuenta bancaria de la comunidad, es transferido por el investigado a otras cuentas bancarias controladas por él mismo o a través de sociedades gestionadas por él. De este modo se consuma la estafa.

Los vecinos, que no han participado en los préstamos, tienen conocimiento de la actividad ilícita cuando la entidad bancaria les notifica el impago de los recibos, en los que figuran como deudores. En ocasiones, el administrador mantiene al corriente de pago las cuotas de los préstamos, realizando transferencias a favor de la cuenta corriente de la comunidad para no llamar la atención de los comuneros. La hipótesis de los agentes apunta a una estafa piramidal, pues "logra realizar estas maniobras gracias al dinero desviado de otros hechos similares". Esto tendrá que comprobarse más adelante con el análisis de movimientos bancarios.

Esta manera de actuar era, según la Policía, el "modus vivendi" del investigado, que engañaba a sus clientes con excusas vagas y "prevaleciéndose de su posición". Una de las recurrentes en las denuncias es que se trataba de préstamos personales que él había solicitado y que estaba pagando, que tuvo que indicar la relación de clientes para justificar su capacidad económica para abonar las cuotas y que desconocía el motivo por el que le comunicaban a sus clientes los impagos.

Esto es precisamente lo que dijo a los vecinos de la comunidad de la calle Avellana, 3, que fue la primera en denunciar los hechos ante la Policía Nacional, en cuanto los propietarios tuvieron conocimiento de que el Dioni había pedido un préstamo de 71.000 euros y el banco les reclamaba dos meses de impagos. Aportaban además una serie de movimientos bancarios realizados presuntamente por el administrador a diferentes cuentas controladas por él. Luego llegarían más denuncias, como la de Mayorales, 3, con un préstamo de 192.000 euros; y la de Avellana, 1, con otro de 55.000. A ellas hay que unir otras dos más: una comunidad de la calle Cean Bermúdez, en Nervión, en la que el investigado se habría hecho transferencias sin autorización por valor de 3.585 euros; y otra de Camas que observa transferencias indebidas de 9.000 euros. Sólo con estos casos, el valor de lo defraudado ronda los 450.000 euros, pero la Policía ya expone que es sólo una parte menor del montante total, que podría rondar los dos millones de euros.

Paralelamente a la vía policial, el abogado Óliver Cáceres Calle presentó una denuncia en el juzgado de Guardia en representación de un bloque de la calle Sierra de Gata, en el Tiro de Línea, donde el administrador pidió un préstamo sin permiso de 142.000 euros, mientras que el letrado Sebastián Marqués García presentó varias denuncias más en la sede judicial en representación de dos comunidades de la calle Zurcidoras (préstamos de 150.000 y 182.000 euros) y de otra de la calle Jornaleros (155.000). A éstas se les han sumado más casos en los últimos días.

El investigado se ha acogido a su derecho a no declarar, tanto ante la Policía como en el juzgado. Se desconoce por el momento el destino del dinero defraudado, aunque la Policía sí apunta en su informe que compró una casa en junio de 2025 (coincidiendo con la fecha en la que se pidieron varios préstamos) por importe de 610.000 euros. Se trata de un chalé en la urbanización El Zaudín, en Bormujos.

La Policía registró entre la tarde del martes y la mañana del miércoles esta vivienda y la de la hija, así como las oficinas de la empresa Lucas & Viedma, de la que es titular el detenido y que se dedicaba tanto a la administración de fincas como a los servicios inmobiliarios. Tenía dos sedes, una en Tomares y la otra en las torres de Nuevo Torneo. Los agentes intervinieron al Dioni una colección de 28 relojes, algunos de ellos de marcas como Rolex, Bulgari, Patek Philippe, Cartier, Lotus o Viceroy. El detenido aseguró que eran de su mujer. También se llevaron teléfonos, tabletas, siete tarjetas de crédito y abundante documentación y material informático. En uno de los registros hallaron documentación de un crédito de 213.000 euros pedido a nombre de una comunidad de la calle Mar Adriático, en Los Mares, también en Pino Montano.

"Os estaba esperando", dijo la mujer del Dioni a los policías que fueron a registrar su casa. Después, esta mujer explicó que el director de una sucursal bancaria en la que había realizado gestiones por la mañana, que era muy amigo del investigado y que había estado en su boda, le había advertido del posible registro. Los agentes habían contactado con el servicio de seguridad del banco para conocer qué gestiones realizaba la mujer y habían pedido discreción al respeto y recordado que la causa estaba secreta. A pesar de ello, el responsable del banco avisó a la mujer del sospechoso de la investigación que estaba en marcha sobre él, lo que podría derivar en una posible obstrucción de la Justicia por parte del director de la sucursal. La Policía continuará haciendo gestiones para desvelar exactamente cómo se produjo este aviso.

Tras su detención, Lucas Viedma fue llevado a un centro de salud porque aseguraba sentirse mal. Durante estos días ha alegado que está enfermo y ha llevado una mascarilla puesta, si bien la dolencia que padece no es ninguna enfermedad respiratoria. La mascarilla, eso sí, le ha servido para ocultar su rostro. La Policía ha pedido al juzgado que ordene el bloqueo de las cuentas en las que aparece como titular o autorizado el sospechoso, y también ha requerido al banco al que pedía los créditos que le informe de todos los movimientos realizados por este administrador de fincas, protagonista de una de las mayores estafas de la historia reciente de Sevilla, con cientos de personas afectadas.