Un empresario pide diez millones al Ayuntamiento de Sevilla por la cesión ilegal de la gasolinera de Alcosa

Un empresario ha presentado una demanda millonaria contra el Ayuntamiento de Sevilla por la cesión ilegal de la gasolinera de Alcosa. Reclama diez millones y medio de euros por lo que considera un "funcionamiento anormal, antijurídico y negligente" de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla, según consta en la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico. El demandante es la persona que tenía la licencia de la gasolinera, que luego fue cedida (de forma ilegítima, según su denuncia) a otros empresarios, que la han explotado hasta que un juzgado consideró que el contrato que presentaron para obtenerla era falso y, por tanto, declaró nula la licencia. Urbanismo procedió a demoler la gasolinera en ejecución de esta sentencia el pasado mes de enero, tras un primer intento en diciembre que fue parado por los gasolineros y empleados de la estación de servicio.

La demanda la ha presentado el abogado José Manuel Molina Bejarano, en representación del empresario que tenía en un primer momento la licencia de la gasolinera. En ella, asegura que en el mes de abril de 2023, su cliente tuvo conocimiento de la actuación de la Gerencia de Urbanismo, que le causó "un perjuicio gravísimo". Fue entonces cuando constató que la administración "había cedido su licencia de estación de servicios a un tercero, y además había ordenado la destrucción de sus instalaciones". Se trataba de una primera gasolinera ubicado en un terreno colindante a la que se ha derribado recientemente. En febrero de 2024, se inició un procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios, pero el Ayuntamiento no contestó en un plazo de seis meses, por lo que el empresario interpuso la demanda.

En ella, relata que este hombre es propietario del negocio desde el año 2011 y que ha sido "despojado ilegítimamente" de su licencia. Además, la estación de servicios, también de su propiedad, "ha sido totalmente desmantelada con la anuencia de la Gerencia de Urbanismo", algo que acredita con distintas resoluciones de dicho organismo. Sostiene el letrado que estos documentos demuestran que Urbanismo "acepta, sin fisuras", que su cliente es el titular de la licencia y la estación de servicios "de la que ha sido despojado y cuyo desmantelamiento ha permitido la Gerencia, sin comunicación alguna".

Para respaldar su condición de propietario, el abogado aporta varias comunicaciones con el Ayuntamiento de Sevilla, la Agencia Tributaria, Endesa o la propia Gerencia de Urbanismo mantenidas en el año 2014, que fue cuando se produjo el cambio de licencia. "El propio Ayuntamiento de Sevilla le giró distintos recibos de tributos y tasas ligadas a la condición de titular de la licencia y como propietario de la estación de servicios. La Gerencia de Urbanismo no puede obviar, ni negar la comunicación fehacientemente (....). Por tanto, la actuación de la administración no es achacable al engaño de un tercero", expone la demanda.

El abogado del denunciante insiste en que, cuando su cliente adquirió la propiedad de la estación de servicio, lo comunicó a Urbanismo, quien procedió a girar tributos e impuestos relacionados directamente con la condición de titular. "No es plausible admitir la excusa del desconocimiento de la administración acerca de la titularidad de la licencia y la estación de servicio, cuando existe multitud de documentación que atestigua la titularidad de la licencia y la estación de servicio". Asegura que el empresario se quedó "atónito" cuando, en abril de 2023, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo le comunicó que existía una licencia de fecha 3 de noviembre de 2020 a otra empresa para las "obras de demolición, desmontaje y desmantelado de una estación de servicio para abastecimiento de carburantes y edificios auxiliares (salvo edificio de tienda y marquesina), así como licencia provisional para posterior traslado en una ubicación cercana".

"Es decir, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo había autorizado a que despojasen a mi cliente de su licencia, así como la destrucción de su estación de servicio". El traslado a la parcela próxima se llevó a cabo y ese mismo año comenzó a funcionar la gasolinera de Alcosa que es la que ha terminado derribándose ahora, al resolver el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla que estaba operando con un contrato falso, por lo que declaraba nula la licencia. Urbanismo, como única forma de ejecutar la sentencia del juzgado, procedió a demoler la estación de servicio.

Los responsables actuales de la gasolinera aseguraron que habían sido víctimas de una estafa al firmar un contrato con una persona que se había hecho pasar por el dueño del terreno sin serlo. A pesar de sus intentos por parar la orden de demolición, no lo lograron y actualmente la gasolinera está completamente derribada. El día siguiente al inicio de los trabajos de demolición, hubo cierta tensión en las inmediaciones de la misma, pues la persona que ha presentado esta demanda millonaria contra Urbanismo se presentó en el lugar y acusó a los responsables actuales del negocio de haber estado funcionando durante años como "ocupas". Tuvo que intervenir la Policía Local (que se encontraba allí para garantizar el derribo sin contratiempos) para evitar un altercado.

"Resulta evidente que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla ha actuado de forma negligente y sin las cautelas que a toda administración pública se le presupone, al permitir que la licencia, titularidad de mi patrocinado, se transmita a un tercero, y además autorizando la demolición de su estación de servicio". El letrado ha cuantificado los daños y perjuicios en 10.570.598,89 euros, cantidad a la que llega a través de diferentes cálculos.

La gran mayoría de ellos, nueve millones de euros, son por el lucro cesante, es decir, la cantidad que deja de percibir por la pérdida de su licencia. "Es un daño materialmente irreparable", ya que la gasolinera ha sido destruida. "Este hecho acarrea la pérdida de los beneficios esperados del negocio". Para calcular el perjuicio, el abogado se basa en una sentencia del juzgado de Primera Instancia número 25 de Sevilla, que establece la cuantía mensual de 7.500 euros, lo que supone una cifra anual de 90.000 euros. Ahora bien, el letrado establece una delimitación temporal de cien años, pues toma como base lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que dice que "en ningún caso se podrán establecer derechos que impliquen cesión del dominio público por un plazo superior a cien años". El producto de combinar esos cien años por los beneficios de 90.000 euros anuales da como resultado la cantidad de nueve millones de euros, que "equivalen a los beneficios de explotación de la estación de servicio dejados de percibir".

Otro de los daños cuantificables es la destrucción de la gasolinera, que tiene un coste de 296.228,20 euros, algo que acredita con el presupuesto de construcción de la misma. Igualmente, el empresario hizo frente desde el año 2015 al pago de un crédito hipotecario por un importe de 700.000 euros y unos intereses de 71.008,84 euros. "Con el coste de oportunidad y la presión financiera que supone soportar una cuota mensual de 6.500 euros al mes, sin poder percibir ni un solo euro del negocio, teniendo que recurrir a la ayuda de familiares para evitar la total ruina económica", destaca el letrado, que además apunta que el inmueble ha perdido valor como consecuencia de la actuación de la administración.

Completa el cálculo el daño moral sufrido por el empresario, que el letrado cifra en 503.361,85 euros, una estimación que dice hacer de "modo prudente, equitativo y razonable" en una cuantía igual al 5% calculado sobre el total del daño patrimonial que reclama. Toda esta suma de importes da como resultado los más de diez millones y medio de euros.

"A mi cliente lo han arruinado por completo", sostuvo a este periódico el letrado José Manuel Molina Bejarano. "Entendemos que ha habido un error de la Gerencia de Urbanismo, pero hemos presentado infinidad de documentos que indican que es el propietario de la licencia, de la que se apropiaron otros, que estuvieron funcionando como ocupas hasta ahora. Él no se dio cuenta de la situación hasta que no intentó restaurar su gasolinera y fue denunciado por estos empresarios y la Gerencia le hizo un requerimiento. Hemos intentado solucionar el asunto, pero entendemos que en Urbanismo se han hecho los sordos y que mi cliente debe ser indemnizado, porque las leyes han cambiado, él tiene la licencia desde hace treinta años y ahora hay otra serie de parámetros que le pueden impedir levantar una gasolinera allí. El daño es irreparable y ha tenido que hacer frente a una hipoteca muy elevada durante estos años".