“Ahora lo más urgente es decir la verdad a la gente”

La entrevista tuvo lugar en el Parador de la Arruzafa de Córdoba, en donde el viernes el líder popular cerró una reunión de presidentes provinciales del PP en toda España. Mariano Rajoy (Santiago de Compostela 1955) está cauto: dice que está reforzando la alternativa y que en el centro está el equilibrio.

–El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro reclama un pacto económico de los dos grandes partidos o que se convoquen elecciones anticipadas.

–Estas declaraciones reflejan que una parte de la sociedad va por un lado y el señor Zapatero por otro.

–¿Está dispuesto a un acuerdo?

–Le he ofrecido a Zapatero un acuerdo para lo más urgente, que es un plan de reducción del gasto público y una bajada de impuestos.

–¿Es usted partidario de convocar elecciones anticipadas, sí o no?

–Yo soy partidario de otra política económica. A mí no me corresponde disolver las cámaras y convocar elecciones. No es mi competencia.

–Un acuerdo sí depende de usted.

–Pero Rodríguez Zapatero no quiere. Tenemos tres problemas en España. Uno es que hay una crisis. Otro, que no hay capacidad para afrontarla. Pero el más importante es que el presidente no escucha.

–Jordi Sevilla ha dicho, cuando se ha marchado, que el de arriba cada vez toma más decisiones solo.

–Él tendrá sus razones. El otro día hubo un debate en el Congreso de los Diputados en el que todos los grupos le dijeron al presidente del Gobierno que se está equivocando. Da la sensación de que Zapatero se ha encerrado, se ha instalado en una burbuja y de ahí no sale. Y esto está generando una enorme desconfianza en la sociedad española.

–El jueves en el Congreso ha votado a favor de los 420 euros para los parados sin subsidio. Antes, había criticado la medida.

–Aparte de hacer política económica hay que tener corazón, por eso hemos votado a favor de los 420 euros. Pero la prioridad básica hoy es crear empleo. La gente estará satisfecha, porque puede trabajar, y además contribuirá a que aumenten los ingresos del Estado, porque pagará impuestos. Y eso nos permitirá mejorar la política social.

–¿Qué es lo más urgente ahora?

–Decir la verdad a la gente de lo que pasa.

–¿Cómo controlamos el déficit público? Las administraciones central, autonómica y local gastan 400.000 millones de euros e ingresan 300.000 millones.

–El Gobierno maneja un déficit público para 2009 de más del 10%. Es dramático, porque hace dos años teníamos un superávit del 2%. Y la administración se lleva todo el dinero que llega al mercado. Este año aumentó el crédito en 65.000 millones, de los que 64.000 han sido para la administración, mil para las empresas y cero para las familias.

–El año que viene el déficit puede estar entre el 12 y el 15% del PIB. Y la Comisión Europea pretende que España vuelva al 3% en 2011.

–En el año 2012 será dificilísimo que lleguemos a cumplir los criterios europeos de un 3% de déficit. Porque este año vamos a estar en el 10 y no hay la más mínima voluntad en el Gobierno de rectificar.

–La mitad del déficit se entiende que lo produce la coyuntura y la otra mitad es estructural.

–El gasto del desempleo en España es 36.000 millones de euros, es decir seis billones de pesetas. Eso se deriva de que estamos en una mala situación económica y por tanto hay más personas que tienen derecho a cobrar el paro. Y luego se produce una caída de la recaudación. Pero aparte de eso, todas las administraciones, empezando por la del Estado, tienen que hacer un esfuerzo para reducir gastos. Y, sobre todo, para no inventarse gastos, como el Plan E.

–Que ha creado empleo.

–Hay que priorizar. Yo no me habría gastado 8.500 millones de euros en obritas. La prioridad de los ayuntamientos es pagar las deudas a muchas pymes que no cobran; y que funcionen los servicios públicos.

–El Gobierno estudia un impuesto para las grandes fortunas. ¿No valía el de patrimonio?

–Fue el señor Zapatero el que suprimió el impuesto sobre patrimonio, con nuestro voto en contra.

–No le ha gustado el referéndum de Arenys de Munt, pero parece que va a cundir el ejemplo.

–Ese referéndum es irrelevante. Lo importante es estos casos es hacer pedagogía: los partidos que están en las instituciones y apoyan estas cosas al final acaban perdiendo peso en las instituciones y en la calle. En las instituciones por radicales y en la calle porque siempre van a ser menos radicales que los que están en la calle. Me ha sorprendido que parte de CiU apoye eso. Yo declaro la vigencia de la Constitución y del Estatuto que el Tribunal Constitucional declare constitucional.

–Sorprende que esté tan enfadado con el transfuguismo de Benidorm, que beneficia al PSOE, cuando pasó lo mismo en el 91, a favor de Zaplana. ¿Se equivocaron entonces?

–Tiene usted toda la razón. En el año 91 nos equivocamos en Benidorm. Fíjese, yo era vicepresidente de un gobierno [en Galicia] en el año 86, en el que AP había ganado las elecciones. El presidente era Fernández Albor y el PSOE se hizo con el poder con cinco diputados de nuestro partido. Para evitar casos como ese, el de Benidorm y otros muchos, se hizo el pacto antitransfuguismo. Lo de Benidorm es un atropello, lo haga quien lo haga.

–Está claro que tanto el PSOE como el PP incumplen el pacto cuando les conviene.

–Le digo la propuesta que hice y volveré a llevar, y es que sea alcalde el cabeza de la lista más votada.

–El Consejo de Estado ha dado su visto bueno, con alguna objeción, al anteproyecto de ley del aborto.

–Nuestra posición está muy clara: defendemos la regulación actual, que está en vigor desde hace más de 20 años y que no ha cambiado ni el PSOE de Felipe González, ni el Partido Popular. No llevábamos en el programa ninguna modificación de la ley y el PSOE tampoco. Votaremos que no, porque no creemos que una niña de 16 años pueda abortar sin conocimiento ni consentimiento de sus padres.

–¿Y si se modifica ese punto?

–Tampoco creo en la ley de plazos y nuestra posición es contraria.

–Votaron esta semana en contra de la TDT de pago.

–Lo que no se puede hacer es el 13 de agosto, de manera clandestina, sin hablar con nadie, y con un informe en contra del Consejo de Estado, hacer un real decreto ley que luego no se puede debatir. El Gobierno ha pegado un cambiazo a todo el mundo audiovisual sin debate, como ocurrió con la supresión de la publicidad en Televisión Española. Por ahí no paso.