El taxista F. B. H., conocido como el Melli, que fue arrestado en mayo pasado como uno de los implicados en el incendio de los nueve coches de Cabify en Castilblanco de los Arroyos, ha pedido a la juez que investiga la macrocausa de la supuesta mafia del taxi que anule las escuchas telefónicas que le fueron practicadas a él y a sus familiares debido a las "sobresalientes carencias" de las que a su juicio adolece la investigación realizada por la Guardia Civil.

Según explicaron fuentes del caso a este periódico, el taxista investigado ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, donde reclama la expulsión de las grabaciones realizadas a los teléfonos móviles y de las transcripciones de dichas conversaciones. El teléfono del detenido lo situaba en Castiblanco de los Arroyos a la hora en que se produjo el incendio y, ademas, en una de las conversaciones interceptadas, el taxista comentaba a otro compañero que "ya huele a carbón" y le decía que "le gusta más una barbacoa que a un tonto un lápiz", todo ello cuando ambos taxistas estaban hablando precisamente sobre las "cucarachas", en alusión a los Vehículos de Transporte Concertado (VTC).

El taxista considera, no obstante, que esas escuchas son inútiles a efectos incriminatorios, y pide que se excluyan del proceso por las "sobresalientes carencias" de las que, a su juicio, adolece la investigación de la Guardia Civil, según explicaron fuentes del caso, que añadieron que el sospechoso sostiene en su escrito que después de varios atestados policiales y más de un año de investigación todavía persisten numerosas incógnitas en torno a la quema de los nueve vehículos de Cabify en la madrugada el 2 de mayo de 2017.

Así, destaca que no se ha esclarecido el papel que tuvo en los hechos un taxista a quien desde un primer momento se identificaba como el principal sospechoso, ni se ha investigado la identidad de los taxistas que residían en la localidad de Castilblanco, al tiempo que no se haya investigado hechos relacionados con los vehículos de VTC que estaban aparcados en la villa rural y no trabajando en la Feria, que comenzó ese día, y por qué la base de operaciones de estos vehículos que habían sido desplazados por la empresa desde Madrid se situó en esta población a 40 kilómetros de Sevilla.

El taxista alega que no se ha estudiado el coste para la compañía por la sustitución de los vehículos o los beneficiarios del incendio

También apunta por qué no se ha estudiado el coste para la compañía propietaria de los VTC en la sustitución de los vehículos siniestrados, o por qué no se ha efectuado una aproximación patrimonial a todos lo que pudieran considerarse beneficiarios del incendio, ya sea de forma directa o indirectamente.

En cuanto a las escuchas telefónicas del móvil del taxista y de sus familiares, el investigado llama la atención sobre el hecho de que fueran autorizadas mediante una providencia de finales de junio pasado que, a su juicio, no tenía la suficiente motivación. En este sentido, reitera, como ya apuntó en un anterior escrito en el que denunció que había sido objeto de una detención ilegal, que toda la investigación estaba predeterminada y contaminada desde su origen para enmarcar los sucesos en la actividad de una "supuesta organización criminal" en la que se pretendía implicar a este taxista.

Por todo ello, el taxista considera que debe declararse la nulidad de los pinchazos telefónicos por haberse obtenido con una supuesta vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por cuanto en su opinión la providencia del juzgado y los autos posteriores son tan genéricos en sus consideraciones que ni siquiera se aportan los indicios que hay contra este taxista investigado.