La enfermedad de un abogado obliga a suspender ‘sine die’ el juicio ERE de Río Grande

El juicio por el ERE de Río Grande iba a empezar en marzo, pero un acusado cambió de abogado a última hora y el inicio se retrasó hasta junio. En julio, cuando sólo quedaban tres sesiones para que concluyese, volvió a suspenderse por problemas de salud del presidente del tribunal. La reanudación se señaló para septiembre, pero por el camino hubo varios cambios de fecha y la dueña del restaurante planteó un incidente de recusación para que dos de los jueces se aparten de esta vista oral. Ese incidente, que aún debe ser resuelto por la Sala, provocó la eliminación de la sesión prevista para este lunes 8 y el aplazamiento del juicio hasta los días 25 y 26. Eso sí, la propia Audiencia ya indicó que tomaba esa medida “por el momento” porque, al mismo tiempo, el abogado de otro acusado informó de que iba a estar tres meses de baja y pidió la suspensión del juicio. Y así será. Hay nueva suspensión, la enésima, y la diferencia es que ahora no hay fecha para reanudar esta causa.

El letrado que está de baja es el que representa a Antonio Albarracín, un antiguo directivo de la mediadora Vitalia que lleva varios meses en la cárcel cumpliendo condena por su participación en los ERE. El problema de salud que padece el abogado es bastante grave. De hecho, según el parte médico que presentó la semana pasada en la Audiencia, estará de baja durante 90 días, de ahí que solicitase la suspensión del juicio.

El tribunal ha entendido que la petición es lógica y que no queda más remedio que aplazar la reanudación de la vista oral. Así lo refleja en una diligencia de ordenación emitida el pasado 4 de septiembre por la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Primera. “Se acuerda suspender el señalamiento de los días 25 y 26 de septiembre de 2025”, comunica.

La suspensión indefinida dará más margen al tribunal para que resuelva el incidente de recusación presentado por la antigua administradora del restaurante contra los magistrados Francisco de Asís Molina y Juan Jesús García. La acusada, en resumen, cree que no son imparciales.