El juez cita a declarar como investigados en noviembre a tres gerentes del SAS en la causa de los contratos de emergencia

Un año después de admitir la querella de un grupo de parlamentarios andaluces del PSOE, el juez de Instrucción número 13 de Sevilla ha acordado la declaración como investigados de tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en relación con la causa abierta en la que se investiga por qué durante durante dos años y medio la administración sanitaria mantuvo las contrataciones de emergencia cuando ya se había dado por finalizada la pandemia del Covid 19 y estos contratos debían de volver a tramitarse con los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

En una providencia, el magistrado José Antonio Gómez ha citado a declarar el próximo 25 de noviembre a la actual gerente del SAS, Valle García, así como a los dos ex directores anteriores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, según ha adelantado la cadena Ser. La imputación de la actual gerente del SAS se produjo a raíz de una ampliación de la querella que presentó el PSOE-A por las "posibles irregularidades en la contratación a través de procedimientos de urgencia por el SAS en el año 2024 contra Valle García". La querella inicial del PSOE se dirigía inicialmente contra los ex gerentes del SAS Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, quienes firmaron las resoluciones que acordaban contrataciones de emergencia por un importe de más de 242 millones de euros en el expediente de contratación 110/2021.

Además de los tres investigados, el juez ha previsto para el 18 de noviembre la declaración de varios testigos, entre ellos la actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez Sánchez -que en la fecha investigada era interventora general de la Junta-, la entonces interventora central del SAS en los años 2022 y 2023, B. P. R., y la interventora adjunta, M. V. L. G. Ese mismo día comparecerán ante el juez, igualmente como testigos el ex director económico del SAS, J. A. M., y el ex director de asistencia sanitaria y resultados en salud, H. L. C. M. H.

Información sobre las obras del hospital militar

En la providencia, que tiene fecha del 1 de septiembre y a la que ha tenido acceso este periódico, el juez reitera la petición a la dirección general de Gestión Económica y Servicios del SAS para que aporte información sobre las obras del hospital militar. En concreto, el juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción -que solicitó la reiteración para la entrega de esta información y la declaración de los testigos mencionados-, reclama a la Junta la entrega del "expdiente completo que dio lugar a la emisión del informe sobre el proceso de verificación de los gastos con fondos europeos, derivados de los contratos de emergencia, conforme al procedimiento establecido en la instrucción 1/17 de la dirección general de Fondos Europeos para la terminación del antiguo hospital militar de Sevilla (2ª fase), firmado por el director general de Gestión Económica y Servicios, José Antonio Miranda".

La querella del grupo parlamentario socialista se refiere al expediente de contratación 110/2021, por el que el SAS autorizó la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria para estancias médicas por la sobrecarga de la red derivada de la pandemia por un importe inicial de 70 millones de euros pero que, no obstante, fue objeto de diversas prórrogas entre los años 2021 y 2022 hasta alcanzar el importe de 242.731.935,84 euros.

En la querella se recogen los incumplimientos y salvedades apreciadas en varios informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía en relación con estos contratos de emergencia. En concreto, el informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia de la Intervención General de la Junta del año 2021 señalaba que desde el año 2020, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, el SAS estuvo realizando contrataciones de emergencia con diversas empresas y para diversos tipos de contratos, tanto de suministros, como de servicios y obras. Estas contrataciones se realizaban al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que establece la posibilidad de tramitar contratos de emergencia "cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional".

Las obras del antiguo Hospital Militar de Sevilla

El informe de la Intervención analizó contratos de emergencia por un importe total de 296,3 millones de euros, entre los que se incluyen la segunda fase de las obras del antiguo Hospital Militar de Sevilla (ahora denominado hospital Muñoz Cariñanos), en el expediente 2/2021. El informe de la Intervención General de la Junta destacaba precisamente que en la memoria de la tramitación de emergencia -de fecha 3 de mayo de 2021- consta una descripción de las obras a realizar, que consistía en la remodelación y reordenación de los espacios así como de las unidades de hospitalización convencional, entre otras. Sin embargo, los interventores afirman que no hay constancia de "cuáles serían las actuaciones estrictamente indispensables para paliar las necesidades más apremiantes, prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia, teniendo en cuenta que nos encontramos en mayo de 2021, con la pandemia muy atemperada y que deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria".

Por su parte, el Gobierno andaluz considera que la denuncia del PSOE-A sobre los contratos de emergencia del SAS es un caso de lawfare o judicialización de la política, y para ello esgrime dos informes jurídicos de los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que avalan las prórrogas de esas contrataciones que se realizaron entre 2021 y 2022. Estos dos informes fueron emitidos con fechas 28 de diciembre de 2021 y 11 de agosto de 2022 por la letrada del SAS, justo antes de la primera y la segunda prórrogas del contrato del expediente 110/2021, que pasó de un importe inicial de 70 millones a los 242 millones que se estableció en la última prórroga, que tiene fecha del 31 de diciembre de 2022.