La juez deja en libertad con cargos a Rafael Pineda y a los otros cuatro detenidos en el caso de la parcela de Emvisesa

Libertad con cargos para los cinco detenidos, que se han acogido a su derecho a no declarar. La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha acordado este miércoles la puesta en libertad con cargos del ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía Rafael Pineda, su mujer y los otros tres detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con la operación de enajenación de una parcela de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa), que fue adquirida por una sociedad de la esposa de Pineda por 1,7 millones de euros y vendida en menos de cinco meses por casi cuatro millones.

Como medidas cautelares civiles, de cara a asegurar las posibles responsabilidades civiles a las que tuvieran que hacer frente en un futuro, la juez ha acordado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la prohibición de disponer de los bienes inmuebles y bienes muebles tanto de los cinco investigados como de las sociedades de las que son administradores, así como el bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias tanto de las personas físicas investigadas como de las personas jurídicas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Inicialmente, los detenidos están siendo investigados por delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los cinco detenidos se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.

A la salida de los juzgados, el abogado Alberto Castejón, que representa a Rafael Pineda y a su mujer, ha mostrado ante los periodistas su sorpresa por el desarrollo de esta operación policial y la detención de estas cinco personas. "Nos sorprende muchísimo que se haya procedido a la detención habiendo estado personado desde hace más de seis meses en unas diligencias previas, en las cuales la Unidad Central Operativa no ha aportado en el día de hoy absolutamente nada nuevo que no conociésemos hace ya más de cinco meses, por lo tanto, esa es la única sorpresa nuestra".

De todas maneras, el letrado ha anunciado que estudiará "muy bien lo último que han aportado, que no es novedoso ni sorprendente, simplemente es redundando en la investigación inicial que habían hecho y posteriormente cuando analicemos toda esa documentación, procederemos a la declaración de nuestros clientes", ha añadido.

Los cinco detenidos llegaron a los juzgados de Guardia de Sevilla sobre las diez de la mañana, conducidos en dos furgones de la Guardia Civil desde la Comandancia de Montequinto, tras haber pasado la noche en los calabozos. Los furgones han entrado directamente en la sede judicial, con lo que los reporteros gráficos que estaban apostados en los juzgados no han podido captar ninguna imagen de Rafael Pineda y los otros investigados.

Los agentes de la UCO practicaron ayer cinco detenciones relacionadas con la venta de dicha parcela, entre ellas la de dos antiguos socios de la esposa de Pineda y un ex trabajador de la Empresa Municipal de Vivienda que recibió un pago de 78.650 euros de la empresa de la mujer de Rafael Pineda. De esta forma, la Guardia Civil ha detenido al menos a cinco personas en relación con esta operación, si bien hay varias personas más que han sido citadas a declarar en calidad de investigados pero no detenidos.

Las detenciones se producen después del informe remitido por la Guardia Civil a la juez de Instrucción 10 de Sevilla, en el que se apuntaba que en el marco de la investigación a Rafael Pineda -quien según los agentes vendría realizando gestiones para terceros antes distintas administraciones públicas "a cambio de contraprestaciones económicas por dichas gestiones"- se detectaron ciertos "indicios sospechosos" en las actividades de su esposa, Olga P., que es la administradora y única socia de la empresa Higuerón Real Estate, sociedad que fue la adjudicataria de la subasta pública de la mencionada parcela.