La juez reclama las actas de Emvisesa para decidir si imputa a dos ediles del PP en el caso Pineda

La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha reclamado a la empresa municipal de la vivienda de Sevilla (Emvisesa) las actas de la comisión ejecutiva de la empresa relacionadas con la enajenación de la parcela de Pino Montano que figura en el centro de esta investigación, tal y como había solicitado el ex trabajador Daniel M. L., uno de los cinco detenidos en la operación realizada ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La instructora señala en una providencia que, una vez se practique esta diligencia solicitada por la defensa, decidirá si toma declaración o no como investigados a los delegados de Hacienda y Urbanismo, Juan Bueno y Juan de la Rosa, respectivamente, del Ayuntamiento de Sevilla.

La providencia de la magistrada, a la que ha tenido acceso este periódico y que tiene fecha del pasado 3 de febrero, acuerda expresamente solicitar a Emvisesa, que está personada como acusación particular en esta causa, la entrega en el plazo de diez días de las actas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva de fecha 13 de noviembre de 2023 y 24 de junio de 2024, en relación con la parcela de Pino Montano que fue comprada por 1,7 millones de euros por la sociedad de la mujer de Rafael Pineda -ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía- y vendida sólo cinco meses después por 3,9 millones. 

"Una vez practicada esta diligencia de investigación, se decidirá si es necesario o no recibir declaración, en calidad de investigados,a los miembros de la Comisión Ejecutiva y de la mesa de valoración de Emvisesa", apunta la juez en la providencia.

La imputación de los concejales fue solicitada por el ex trabajador de Emvisesa Daniel M. L., quien presentó un escrito en el juzgado negando su participación en la venta de la parcela del Higuerón y en el que apuntaba a la comisión ejecutiva de Emvisesa, de la que forman parte seis personas, entre ellos los dos políticos del PP mencionados y el gerente de Emvisesa, Manuel Morillo.

El abogado del ex trabajador analiza en el escrito dirigido a la juez el proceso de enajenación de la parcela y concluye que "si hubo corrupción o fraude en la venta de la parcela, tal como afirma Su Señoría, forzado es concluir que todas las personas que intervinieron en dicha venta son presuntos autores de ese fraude", por lo que solicitó a la instructora que cite a declarar como investigados a los miembros de la mencionada comisión ejecutiva y también a las personas que intervinieron en las mesas de valoración, entre los que figuran directores de gestión y áreas técnicas y financieras de la empresa municipal de vivienda.

La defensa del ex empleado asegura que Daniel M. L. "en ningún momento intervino" en el procedimiento de venta y, en este sentido, rechazó las afirmaciones que la juez realizó en un reciente auto en el que sostuvo que "en los hechos investigados consta la participación en los mismos de un empleado de Emvisesa, Daniel M. L., quien ostentaba el cargo de jefe de Sección de Terciarios y que al parecer se benefició en 78.650 euros, a través de una sociedad de la que es el administrador único, denominada Aural Estate S. L.".

Esas aseveraciones por parte de la magistrada, subraya el escrito, "son totalmente inciertas" y, a su juicio, acreditan que la juez "desconoce toda la documentación de Emvisesa relativa a esa venta". Es más, el letrado añade que la juez "ignora por completo la razón por la que este empleado recibió esa transferencia; también se ignora si existe alguna relación entre transferencia y la venta de la parcela, y además, la existencia de esa transferencia no convierte la adquisición de la parcela en fraudulenta".

Para la defensa, la juez también afirma "de manera injustificada" que la parcela se adjudicó de forma fraudulenta "por un valor muy inferior al que le correspondía, porque no existe el más mínimo indicio de que dicha adjudicación se hiciera de forma fraudulenta, de tal manera que su señoría está imputando un delito sin que exista ni siquiera la más mínima prueba indiciaria de su comisión y mucho menos por parte de mi representado Daniel M. L.". Para la defensa, estas afirmaciones sólo demuestran el "desconocimiento de cómo se llevó a cabo la adjudicación de esta parcela".

La juez pide una fianza de 6.000 euros al PP

De otro lado, la instructora ha requerido una fianza de 6.000 euros al PP para que pueda ejercer la acusación particular en el caso Pineda. Dice la magistrada en la misma providencia que si bien "no es necesario formular querella para personarse como acusación particular cuando la personación se produce ya iniciada la investigación, sí es necesaria la prestación de fianza, que será de 6.000 euros, no teniéndose por parte hasta que consigne dicha cuantía en la cuenta de consignaciones de este juzgado".