El juicio contra los 31 acusados de narcotráfico que pertenecían una organización dedicada a la introducción de hachís en España a través del Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda hasta Coria ha terminado con acuerdo entre las partes. Los acusados, dos de ellos en rebeldía, han aceptado penas que van hasta los dos años y seis meses de cárcel y multas de hasta los 7.400.000 euros. Entre ellos, hay viejos conocidos de la crónica de sucesos de la ciudad: Ginés, algunos miembros del clan de los Lanas y el ex líder de los supporters, Manuel Herrera.

De este modo, nueve de los acusados tendrán que cumplir tres meses de prisión por el delito de grupo criminal; así como dos años y tres meses por un delito contra la salud pública. Las penas por este delito varían en el resto de las acusados entre el año y seis meses y los dos años, aunque todos tendrán que pagar dos multas de 3.700.000 euros salvo José V. V., que deberá abonar una multa de dos millones de euros. Los cuatro procesados a los que se les imputa un delito de tenencia de armas tendrán una pena que va desde los nueve hasta los tres meses. 

Con esta vista, la Audiencia Provincial de Sevilla ha sido el último paso de la operación Tornado-Afluente. En ella la Guardia Civil aprehendió casi cuatro toneladas y medio de hachís e intervino varias embarcaciones neumáticas, así como vehículos todoterreno utilizados para alijar la droga y transportarla hasta los almacenes. Para la solicitud de las penas, la Fiscalía ha tenido en cuenta que 24 de los acusados han acreditado que en el momento de los hechos eran drogadictos, por lo que tenían "limitada su capacidad de entender y querer" y que Manuel Herrera padece un trastorno de la conducta y un trastorno distímico psicógeno, con un grado de discapacidad reconocido del 37%, por lo que tiene limitada "su capacidad volitiva e intelectiva". En todos los acusados concurre además la atenuante de de confesión, muy cualificada en el caso de José V. V.

Según la Fiscalía, los acusados Javier M. V., conocido como Lanas y Ginés R. G., "dirigían a un grupo estable de personas de su total confianza, entre las que se encontraban sus respectivos hermanos" y otros cuatro acusados más "con los que realizaban concretas operaciones de tráfico de droga" como acopio de combustible, obtención de teléfonos móviles y medios de enmascaramiento, reparación y traslado de los vehículos utilizados, o alquiler de naves que servían como "guarderías" de los anteriores. Pero no eran los únicos que participaban en estas operaciones puesto que "mantenían contacto con terceras personas a las pagaban para realizar labores concretas como vigilar los traslados de vehículos y embarcaciones, vigilar y asegurar los lugares por los que introducían las gomas cargadas de fardos de hachís, descargar las lanchas, custodiar las naves o dar salida a la sustancia estupefaciente".

Por otro lado, Manuel Herrera, alias Herrera o Buchi, según la Fiscalía, "realizaba funciones de seguridad para algunos miembros del grupo y, en ocasiones, amedrentaba a personas pertenecientes a otros grupos que pujaban por realizar la misma actividad delictiva", además de descargar fardos de droga de las embarcaciones.

Una cuidada organización

La Fiscalía sostiene que Lanas y Ginés "lideraban al resto de acusados y que todos ellos participaban en las concretas operaciones con las que habían logrado introducir grandes cantidades hachís a través del cauce fluvial del río Guadalquivir" mediante el uso de gomas, con una eslora de entre 15 y 17 metros y con motores de unos 250 caballos, que dirigían hasta la costa marroquí donde las cargaban de fardos de hachís con los que regresaban a España. Una vez en territorio nacional, remontaban el río hasta llegar a distintas localidades del área metropolitana de Sevilla donde guardaban, bien en sus domicilios, bien en naves, denominadas "guarderías", tanto las embarcaciones, vehículos y medios necesarios para realizar la ilícita actividad como la sustancia estupefaciente que distribuían entre terceras personas.

Entre julio y agosto de 2017 se acordó la intervención de varios teléfonos de los acusados y la colocación de dispositivos de geolocalización en vehículos utilizados por miembros del grupo y en lanchas que guardaban en las naves de las que disponían. Según el Ministerio Público esto sirvió para "corroborar el liderazgo" que Javier V. M., Lanas y Ginés "tenían dentro del entramado criminal, la relación con otros grupos dedicados a la misma ilícita actividad en la zona del campo de Gibraltar, la actividad que mantenían todos sus miembros", entre los que estaban los acusadoas Francisco J. G. V. y Pancracio J. C. L. , "y la preparación de nueva operación de tráfico de drogas".

Fruto de estas investigaciones, miembros del Con fecha de 2 de agosto, miembros del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga aprehendieron varias embarcaciones semirrígidas cuando se disponían a alijar unos 4.000 kilos de hachís. Esta intervención dio lugar a un procedimiento independiente seguido por otro juzgado.

Días más tarde, el 29 de agosto, Francisco Javier V. coordinó desde su chalet, la entrada de una nueva embarcación semirrígida cargada de hachís que sacó pasada la medianoche en un vehículo con un total de 20 fardos de resina de cannabis. Según los datos de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, el valor que dicha sustancia hubiera alcanzado en el mercado ilícito por kilogramos asciende a 1.020.240,00 euros.A los acusados se les intervinieron 4 teléfonos móviles y un total de 250 euros procedentes de la droga.

Un mes más tarde, el hermano de Lanas, conocido como Joselito, y los hermanos Ginés y Óscar G. R. realizaron los preparativos ante la llegada de una semirrígida cargada de droga a Los Palacios. Los agentes de la autoridad detuvieron a los tripulantes mientras la descargaban e incautaron un total de 115 fardos de hachís, con un peso neto total de 3.450.000,00 gramos y una riqueza del 3,8% de THC. Según los datos de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, el valor que dicha sustancia hubiera alcanzado en el mercado ilícito por kilogramos asciende a 6.212.093,00 euros. En el embarcadero de Lebrija, próximo a la zona del alijo, se incautó el vehiculo de uno de los acusados donde se localizó un traje de neopreno.