Malestar en los círculos policiales por la libertad del atrincherado en Camas

La Fiscalía no pidió el ingreso en prisión para el sospechoso, al que se le imputan cuatro delitos

La juez deja libre al hombre que se parapetó en su casa de Camas

Agentes del GOES, preparados para asaltar la vivienda del sospechoso. / Antonio Pizarro

La decisión de la juez de dejar en libertad provisional al hombre que se atrincheró el pasado domingo en una vivienda de Camas armado con una escopeta ha provocado un profundo malestar en los círculos policiales. Fuentes próximas a los agentes que participaron en la detención de este hombre explicaron a este periódico que no entienden cómo esta persona, con la alarma social que provocó su comportamiento y con la peligrosidad que entraña, puede quedar en libertad con una orden de alejamiento de su domicilio.

Las mismas fuentes recordaron que al sospechoso se le imputaron hasta cuatro delitos (amenazas graves con arma de fuego, daños, atentado a agente de la autoridad y tenencia ilícita de armas) y que éste se pasó unas siete horas parapetado en su vivienda después de llegar a disparar su escopeta para amenazar de muerte al vecino de enfrente, con el que mantenía un enfrentamiento por la colocación de unas cámaras de videovigilancia.

Para detenerlo fue necesario un fuerte despliegue policial compuesto por agentes de distintas unidades, incluida la del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), un departamento de élite dentro de la Policía Nacional especializado en las intervenciones más peligrosas y en los asaltos a viviendas en las que hay personas atrincheradas o en las que corre riesgo la vida de alguien. Igualmente, también estuvo un negociador de la Policía intentando que el sospechoso se entregara, hasta que finalmente los agentes tuvieron que entrar en la casa para atraparlo.

Fuentes judiciales aseguraron a este periódico que la juez titular de la plaza 18 de la Sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla dejó en libertad a este hombre, cuya identidad responde a las iniciales G. B. J. y tiene 36 años, porque la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión. Se le impuso la prohibición de residir en su domicilio mientras se investiga la causa, así como de comunicarse o aproximarse a menos de 300 metros de su vecino de la calle Melilla, con el que mantiene una disputa por ruidos y por una cámara que el investigado colocó enfocando a la puerta del vecino.

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