La sentencia de los ERE llega más de ocho años después de que la juez Mercedes Alaya iniciara la instrucción de la macrocausa, que surgió de las investigaciones iniciadas por las presuntas irregularidades detectadas en los ERE llevados a cabo en la empresa pública Mercasevilla, a raíz de que se detectara igualmente el intento de extorsión a dos empresarios a los que se exigió dinero a cambio de la concesión de una escuela de hostelería. La instrucción pasó por diversos avatares según el diseño realizado en su día por la instructora, que fue escalando en la supuesta "pirámide" de responsabilidades que apreciaba Alaya hasta concluir en la preimputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sentando de esta forma en el banquillo de los acusados toda una época del Gobierno andaluz.
Mercedes Alaya continuó instruyendo la causa hasta junio de 2015, cuando fue sustituida por la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, que procedió a la división de la macrocausa en piezas separadas, algo a lo que se había opuesto siempre Alaya a pesar de que se lo había solicitado en varias ocasiones la Fiscalía Anticorrupción.
A continuación, recogemos algunos de los hitos más importantes por los que ha pasado la instrucción del caso de los ERE.
El precedente: se destapa el caso Mercasevilla
Zoido en los juzgados.
El entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Juan Ignacio Zoido denuncia en el juzgado el intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos ex directivos de de la empresa pública Mercasevilla. La investigación recae en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya.
De la investigación de Mercasevilla se abren nuevas líneas de investigación por supuestas irregularidades en la venta de los terrenos de esta misma empresa y en los dos ERE por el que se prejubilaron trabajadores de la lonja.
2011: Alaya inicia la investigación
La juez Mercedes Alaya.
19 enero. La juez Alaya abre las diligencias 174/11, la conocida luego como macrocausa de los ERE, a partir de la investigación de las irregularidades de Mercasevilla.
16 marzo. Alaya admite a la Junta de Andalucía como acusación particular.
30 marzo. La juez pide a la Junta las actas de todas las reuniones del Consejo de Gobierno.
3 julio. El Tribunal de Cuentas del Estado inicia una auditoría sobre los ERE tras una denuncia del PP.
2 agosto. Un juzgado sevillano ordena que 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla devuelvan el dinero público recibido.
20 septiembre. El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción obliga a la Junta a entregar las 480 actas de los Consejos de Gobierno celebrados desde el año 2001.
2012: el escándalo de la cocaína, las fiestas y los regalos
El chófer de los ERE, Juan Francisco Trujillo, en el juicio de los ex altos cargos.
9 enero. Juan Francisco Trujillo, ex chófer del director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, da un giro al caso al afirmar que parte de las ayudas que recibió se destinaron a pagar "cocaína, fiestas y copas".
7 marzo. Alaya toma declaración a Guerrero, que implica a "todo" el Gobierno de la Junta en la trama de los ERE, al asegurar que conocían el "fondo de reptiles".
10 marzo. Ingresa en prisión el principal acusado, el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Es el primer imputado que ingresa en prisión.
20 abril. Alaya sitúa al ex consejero de Empleo Antonio Fernández como ideólogo del fraude de los ERE y le imputa seis delitos. Sostiene que era "conocedor" de la arbitrariedad y el descontrol de las ayudas.
22 abril. La Fiscalía sospecha que la Junta diseñó un sistema para burlar los controles, al preguntar al ex consejero Antonio Fernández si el convenio marco de 2001 fue "ideado por la Junta para tener las manos libres a la hora de disponer de fondos públicos sin control previo ni posterior, en beneficio de determinadas personas y en perjuicio del resto de ciudadanos andaluces".
24 abril. Alaya envía a prisión al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, tras prestar declaración durante varias maratonianas jornadas. La juez considera que su "dejación absoluta de funciones" provocó el despilfarro de los fondos públicos.
1 junio. La Guardia Civil corrobora las sospechas de Alaya y asegura en un informe que todos los miembros del Consejo de Gobierno “conocían” el sistema que permitió el supuesto fraude de los ERE.
12 septiembre. La instrucción de los ERE se sume en un parón de varios meses después de que la juez Mercedes Alaya se vea obligada a darse de baja durante seis meses por motivos de enfermedad.
28 noviembre. Se cierra la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para investigar este caso.
2013: el caso sube otro escalón con Chaves y Griñán
6 marzo. Alaya se reincorpora al juzgado, en el que han sido nombrados como refuerzo Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes. Alaya pide al TSJA que le quite uno de los jueces de apoyo.
19 marzo. Detenidas 22 personas en la operación Heracles, de las que siete ingresan en prisión.
20 marzo. Alaya envía por segunda vez a prisión al ex director de Trabajo Javier Guerrero, tras implicarlo en la operación Heracles.
26 marzo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abre diligencias penales contra Guerrero y el ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas por aprobar de manera irregular el ERE de Mercasevilla.
3 abril. En su comparecencia ante el pleno del Parlamento autonómico el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, asegura que puede decir "sin bajar la mirada" que su Gobierno es "honrado".
24 abril. La magistrada bloquea 84 cuentas de José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter.
8 mayo. La Fiscalía Anticorrupción pide una fianza de 258 millones de euros a cada uno de los ex directivos de Vitalia imputados en la nueva fase del proceso.
14 mayo. Alaya se compromete con el TSJA a cerrar una de las cuatro macrocausas -ERE, dos de Mercasevilla y Betis- antes del verano, una promesa que cayó en saco roto y no se cumplió.
23 mayo. El presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, dice que no ve normal el retraso en la instrucción del caso.
30 mayo. Alaya levanta el secreto de sumario sobre la última fase del caso, tras casi siete meses.
3 junio. La Guardia Civil establece que 7,6 millones de euros fueron transferidos a los sindicatos por mediadoras en los ERE entre 2000 y 2010.
8 junio. La Audiencia Provincial de Sevilla amplía la imputación a Daniel Alberto Rivera, director general de Empleo de la Junta entre 2010 y 2012.
10 junio. El consejero delegado de Construcciones Juan de Robles, Eduardo Báñez, hermano de la ministra de Empleo, niega connivencia con otra empresas que acudieron al concurso de compra de los terrenos de Mercasevilla.
13 junio. El abogado de Griñán pide la nulidad del auto que procesó a 26 ex altos cargos y alega que se ha vulnerado el derecho al "juez predeterminado por la ley" al entregarse la investigación al juez de refuerzo Álvaro Martín.
17 junio. La magistrada imputa ocho delitos a José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter y eleva a 51 millones sus cobros.
19 junio. La juez decreta prisión para el dueño de Uniter, José González Mata, eludible bajo fianza de 600.000 euros.
22 junio. Un informe de la Guardia Civil dice que la Federación de Industria de CCOO recomendó no trabajar con la mediadora Vitalia.
2 julio. Alaya imputa a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez y a una veintena de altos cargos de la Junta.
26 julio. El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez culpa a Griñán, al declarar en el juzgado que "al señor Griñán los informes de auditoría no le importaban nada", lo que ayuda a Alaya a estrechar el cerco sobre el ex presidente.
6 agosto. La instructora imputa a dos hijos de Ruiz Mateos y otras 21 personas.
27 agosto. Griñán dimite como presidente de la Junta.
1 septiembre. La juez imputa en la causa a Carmelo Cruz: es el tercer cuñado del ex sindicalista Juan Lanzas implicado.
10 septiembre. Alaya "preimputa" a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de la de los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo. La imputación se produce el mismo día en que toma posesión el Gobierno de Susana Díaz.
13 septiembre. La Fiscalía Anticorrupción recurre el auto con la intención de que la juez motive las razones por las que implica a los ex presidentes en la causa para no crear "indefensión" a los aforados.
16 septiembre. La magistrada sevillana incoa nuevas diligencias, después de que la Guardia Civil le entregue un informe del que se deduce la "existencia de unos hechos que pudieron ser constitutivos de nuevos ilícitos penales", que serían "distintos" a los ya investigados.
19 septiembre. El ex viceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano se acoge a su derecho a no declarar tras contestar a cinco preguntas de la juez, que le imputa dos delitos de prevaricación y malversación.
3 octubre. El ex viceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro (el segundo de Magdalena Álvarez) se acoge a su derecho a no declarar. Alaya le imputa malversación y prevaricación.
8 octubre. La ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez comparece ante la juez, que le imputa prevaricación y malversación de caudales públicos.
9 octubre. Nueva macrorredada en el caso de los ERE, la tercera que realiza este año, que se salda con nueve detenidos y la imputación de 45 personas.
11 octubre. Se decreta la libertad con cargos para los siete detenidos en la segunda fase de la operación Heracles.
15 octubre. La juez decreta la responsabilidad subsidiaria de UGT-A y CC OO-A en las fianzas a dos ex sindicalistas.
31 octubre. Alaya pide “calma” antes de enviar la causa al Tribunal Supremo -dada la presencia de aforados- porque quiere culminar “con dignidad” el trabajo iniciado por “unos pocos incansables”.
2 noviembre. El presidente de la Junta Manuel Chaves cree que la Audiencia Provincial de Sevilla aprecia "cierta resistencia" por parte de la magistrada a elevar el caso al Tribunal Supremo.
7 noviembre. La ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez declara por segunda vez ante la juez. Vuelve a defender su actuación.
13 noviembre. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) presenta en el juzgado un duro informe pericial en el que reprocha al ex presidente Griñán y a las ex consejeras Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo que no adoptaran las "medidas" para evitar el fraude.
12 diciembre. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla imputa cuatro delitos a dos ex secretarias del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
17 diciembre. Alaya considera que la financiación "sin control, ágil y eficaz" fue desde 2000 uno de los "instrumentos" de la política económica del Gobierno andaluz.
2014: la instrucción da el salto al Tribunal Supremo
Fachada del Tribunal Supremo
10 enero. Se imputa a ocho personas más relacionadas con el Grupo Nueva Rumasa, entre ellos dos ex sindicalistas de CCOO-A.
15 enero. La juez imputa delitos de prevaricación y malversación al ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado, que se acoge a su derecho a no declarar.
29 enero. Alaya rechaza separar el procedimiento en piezas separadas, argumentado que en "cada expediente de subvenciones sociolaborales o ayudas a empresa podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas", entre los que cita a "responsables políticos y técnicos" de la Junta.
31 enero. El TSJA confía en que la juez finalice la instrucción del caso "en un tiempo prudencial".
3 febrero. Alaya investiga las cuentas de los sindicatos CCOO y UGT para conocer cuánto llegaron a cobrar de la Junta.
6 febrero. Abre nuevas diligencias por los avales concedidos por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA); actual agencia IDEA, y por las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a Astilleros de Huelva. Incorpora al sumario los fondos otorgados a la Faja Pirítica.
5 marzo. La juez acuerda pedir al Parlamento andaluz documentos sobre el conocimiento de su Comisión de Economía pudo tener de las transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas que se investigan.
6 marzo. La Fiscalía Anticorrupción recurre la decisión de la juez de indagar qué sabía el Parlamento.
7 marzo. El abogado de dos ex altos cargos de la Junta reclama a Alaya que eleve el caso al Supremo, alegando que "ya no tiene competencia". Además, la Audiencia decide que la juez deje de investigar el caso de las facturas falsas de UGT-A, al entender que no guarda relación con el caso de los ERE.
10 marzo. La juez cita nuevamente al empresario José María Ruiz-Mateos y le advierte de que la orden de citación puede convertirse en una de detención. Además, sale de prisión la penúltima persona encarcelada por los ERE, la directiva de Vitalia María Vaqué. Sólo queda en prisión el también directivo de esta empresa Eduardo Pascual.
11 marzo. El ex interventor de la Junta entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez, imputado en la causa, insiste en "la evidencia de que el marco organizativo y financiero establecido había facilitado el fraude que debió conducir a la asunción de responsabilidades políticas por quienes lo habían propiciado desde el Gobierno y el Parlamento" andaluz.
2 abril. Alaya impone una fianza de responsabilidad civil de 3,3 millones al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, quien antes se había acogido a su derecho a no declarar ante la instructora.
14 mayo. En un nuevo auto, Alaya imputa a 16 personas que entre 2001 y 2008 formaron parte del consejo rector del IFA/IDEA. Entre los imputados hay destacadas personalidades del mundo económico.
21 mayo. La "ley del silencio" se impone en el caso de los ERE. La mayoría de los altos cargos imputados se acogen a su derecho a no declarar cuando son citados por la magistrada, una dinámica que se mantendrá mientras Alaya siga al frente del juzgado.
12 agosto. Casi cuatro años después, Alaya envía al Tribunal Supremo la exposición razonada para que investigue a varios aforados: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno.
1 octubre. La juez Alaya anuncia que tiene previsto solicitar en enero una de las plazas de magistrado en la audiencia de Sevilla. La investigación supera ya los 200 imputados.
13 noviembre. El Tribunal Supremo asume la competencia y abre una causa a los ex presidentes de la Junta por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los ERE.
2015: Alaya se va, llega María Núñez Bolaños
La juez María Núñez Bolaños abre la puerta de su juzgado en junio de 2015, tras tomar posesión.
26 febrero. El Tribunal de Cuentas reclama 43 millones a los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez por las ayudas concedidas a 47 empresas y a seis Ayuntamientos de Sevilla.
6 abril. El Tribunal Supremo y el TSJA arrancan la instrucción de los ERE sobre sus respectivos aforados.
7 abril. El diputado del PSOE y ex consejero de Empleo José Antonio Viera es el primero en declarar en el Supremo, donde niega que conociera el fraude de los ERE y responsabiliza de las irregularidades a sus “subordinados”.
9 abril. José Antonio Griñán comparece para declarar ante el Tribunal Supremo y deriva la responsabilidad al interventor y a la Consejería de Empleo. A su salida, declara a los periodistas que no cree que hubiera "un gran plan" para defraudar pero sí reconoció que "hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar".
14 abril. Manuel Chaves declara en el Tribunal Supremo y sostiene que "nunca" conoció los reparos de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
16 abril. Gaspar Zarrías alega en el Alto Tribunal que las ayudas se repartían "con equidad", sin pedir "el carné" del partido y dice que las irregularidades no alcanzan ni a diez militantes del PSOE.
16 abril. La Fiscalía pide a la Audiencia de Sevilla que divida la macrocausa en más de 200 piezas separadas, una por cada una de las empresas investigadas, así como otros dos bloques relacionados con las sobrecomisiones y el procedimiento específico empleado para la concesión de las ayudas.
28 abril. El ex interventor de la Junta Manuel Gómez culpa en el Supremo al Gobierno andaluz del fraude por la "desatención" a sus reiterados informes en los que alertaba del uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas de la partida 31L, conocida coloquialmente como el "fondo de reptiles".
15 junio. El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán renuncia a su escaño en el Senado, con lo que la causa debe volver al juzgado de Instrucción número 6 al perder el aforamiento.
16 de junio. Se produce un giro espectacular en la instrucción con la incorporación de una nueva juez titular, María Núñez Bolaños, al lograr Mercedes Alaya una plaza en la Audiencia de Sevilla. Alaya solicita una comisión de servicio para seguir instruyendo las macrocausas.
24 junio. El instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, propone seguir investigando por delito de prevaricación, al señalar que Chaves y Griñán conocían que el procedimiento de concesión de las ayudas era “claramente ilegal”, pero no que se estuvieran "desviando importantes sumas de dinero" para favorecer el beneficio ilícito de terceras personas. En el caso de Viera amplía la causa a un delito de malversación de caudales públicos.
23 julio. Alaya descalifica a Núñez Bolaños ante el CGPJ por su "estrecha amistad" con el entonces consejero de Justicia e Interior, el fiscal Emilio de Llera.
30 julio. Bolaños dinamita la tesis de Alaya sobre la "indivisibilidad" de la causa de los ERE al acordar la división en piezas separadas, como había pedido la Fiscalía Anticorrupción desde hacía tiempo.
31 julio. Bolaños enmienda a Alaya y devuelve 18.000 euros al ex director de Trabajo Javier Guerrero, al garantizar que pueda percibir el Salario Mínimo Interprofesional.
25 septiembre. La magistrada María Núñez Bolaños contraataca y pide al CGPJ que "prescinda" de la juez Mercedes Alaya para la continuación de la instrucción de las macrocausas.
8 octubre. El Supremo devuelve las competencias al juzgado para investigar a Chaves y Griñán tras perder la condición de aforados.
14 octubre. El TSJA aparta a Alaya de las macrocausas por su "clara voluntad de no colaborar" con la nueva titular del juzgado y para evitar "un escenario conflictivo" entre ambas magistradas.
10 noviembre. La juez Bolaños diseña un plan inicial para instruir seis piezas separadas de los ERE.
2016: Chaves y Griñán, procesados
chaves-griñan
31 mayo. El juez de refuerzo Álvaro Martín procesa a 26 ex altos cargos, incluidos los ex presidentes Chaves y Griñán, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el que se conoce como juicio por el "procedimiento específico" de los ERE.
27 julio. La Guardia Civil implica en el caso de los ERE a ex altos cargos del Gobierno de José María Aznar (PP) en el año 2003, en relación con las ayudas sociolaborales que se concedieron durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva.
15 septiembre. La Fiscalía Anticorrupción presenta su escrito de conclusiones provisionales, en el que reclama una condena de diez años de inhabilitación para Manuel Chaves por un delito continuado de prevaricación, mientras que en el caso de José Antonio Griñán solicita seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.
14 octubre. La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular hasta este momento en los ERE, solicita el archivo de la causa contra los ex presidentes Chaves y Griñán, al considerar que ni hay una "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
4 noviembre. El juez Álvaro Martín notifica el auto de apertura de juicio oral contra los ex presidentes Chaves y Griñán, y los otros ex altos cargos procesados.
20 diciembre. Griñán pide su absolución porque no hubo "conspiración" para el fraude.
24 diciembre. El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez pide su absolución porque "no omitió actuación debida alguna" y realizó "numerosos" informes para "alertar" de las irregularidades administrativas detectadas en los procedimientos de adjudicación de subvenciones y ayudas por parte de la consejería de Empleo.
2017: el inicio del juicio
El banquillo de una época del Gobierno andaluz.
17 febrero. La Audiencia de Sevilla confirma el procesamiento de Chaves y Griñán, al argumentar que Chaves conocía el uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas y que Griñán era "consciente de las vulneraciones patentes y groseras" que se estaban cometiendo.
23 febrero. La juez Bolaños levanta la fianza de 4,2 millones a Griñán y a otros ex altos cargos procesados.
24 febrero. La celebración del juicio recae sobre el presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, Pedro Izquierdo, quien durante seis años había sido secretario general para la Justicia en la Junta de Andalucía.
11 mayo. La Audiencia de Sevilla aparta a Pedro Izquierdo del juicio de la "pieza política" de los ERE, al aceptar la recusación por las "dudas de imparcialidad" que puede acarrear ante los ciudadanos su paso por la Junta de Andalucía. El magistrado Juan Antonio Calle Peña le sustituye como ponente de la causa.
23 junio. El tribunal reúne a las partes para comunicarles que la vista oral se iniciará el 13 de diciembre y se desarrollará en sesiones de lunes a miércoles, y este día también en sesión de tarde.
10 noviembre. Las defensas plantean un frente común para desmontar la causa de los ERE, en una "cumbre" que celebran en el despacho Montero-Aramburu a un mes del inicio de la vista oral.
13 diciembre. Arranca el juicio por el "procedimiento específico" contra los 22 ex altos cargos con la agotadora lectura de los escritos de acusación del Fiscal y de las acusaciones populares del PP y del sindicato Manos Limpias. Toda una época del Gobierno andaluz se sienta desde este día en el banquillo de los acusados.
14 diciembre. Las defensas pasan al contraataque con la lecturas de sus escritos de conclusiones provisionales, en los que reclaman la absolución de los 22 ex altos cargos.
15 diciembre. La juez Mercedes Alaya irrumpe en el juicio con unas declaraciones en Valencia, donde muetra sus dudas sobre la sentencia que pueda dictarse en el caso de los ERE, al afirmar que el posible fallo del TSJA -en realidad la sentencia de la pieza política será revisada en el Tribunal Supremo- le genera "una incertidumbre fea".
2018: Un año y 152 sesiones de juicio
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en la última sesión del juicio de los ERE.
12 febrero. El ex director general de Trabajo Javier Guerrero culpa a la "presión mediática y de la Policía" de sus declaraciones. Se retracta de cuatro declaraciones en las que implicó a "todo" el Gobierno andaluz en su declaración en el juicio, en la que sólo responde a las preguntas de su abogado.
14 febrero. Guerrero niega en el juicio el fondo de reptiles. "Yo nunca he hablado de un fondo de reptiles, no tenemos fondos reservados". Ratifica que el interventor y la ex consejera Carmen Martínez Aguayo avalaron las subvenciones en el año 2005.
14 febrero. El ex consejero de Empleo José Antonio Viera defiende la "legalidad" del sistema de concesión de las ayudas, y el ex viceconsejero Agustín Barberá rechaza que el Parlamento andaluz fuese engañado con las transferencias de financiación a la agencia IDEA para el pago de las ayudas.
26 febrero. La ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez declara que desconocía el procedimiento para las subvenciones y también niega que conociera los numerosos reparos de la Intervención que alertaban de las presuntas irregularidades.
26 febrero. El ex viceconsejero de Economía José Salgueiro Carmona declara que no sabe por qué no se aprobó el decreto para regular las ayudas.
26 febrero. El ex secretario general de la Consejería de Hacienda y el ex director general de Presupuestos, Antonio Estepa Giménez y Antonio Vicente Lozano, respectivamente, niegan en sus declaraciones que conocieran el uso irregular de las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo hacía al IFA/IDEA para el pago de las prejubilaciones.
27 febrero. El ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar sostiene que "no podía negarse" a firmar un convenio particular para el pago de las ayudas vinculadas a las prejubilaciones.
5 marzo. El ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz declara que no conocía el procedimiento de concesión de las ayudas. Admite que hubo un proyecto de regulación de las subvenciones que llegó en tres ocasiones a las reuniones de la comisión de Viceconsejeros -conocidas como los 'consejillos'- pero nunca salió adelante.
5 marzo. El ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras no ratifica la declaración que prestó en 2012 ante la juez Mercedes Alaya porque la misma se desarrolló durante "dos intensos días" y en medio de una "presión muy fuerte" por parte de la magistrada.
6 marzo. El ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo asegura en su declaración que fue una "decisión personal" suya mantener que el IFA/IDEA continuara pagando las ayudas sociolaborales que concedía Empleo. El ex consejero ve "insólito" que en 12 años centenares de personas urdieran un fraude, defiende que el convenio de las ayudas era "legal" y que nunca recibió la "más leve sospecha de irregularidad".
7 marzo. El ex interventor de la Junta Manuel Gómez Martínez afirma que no apreció ni delito ni menoscabo de fondos públicos, y señala que conversó sobre el "desfase presupuestario" causado por las transferencias con Martínez Aguayo, pero no con Griñán, que por entonces era consejero de Economía.
12 marzo. Manuel Gómez ratifica que tres consejeros (Hacienda, Empleo e Innovación) recibieron sus informes en los que se advertían de las irregularidades relacionadas con el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas que abonaba IDEA. Y añade que la Intervención "no tenía ningún procedimiento que pudiera interrumpir, suspender o anular los pagos" de IDEA.
12 marzo. El ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román dice que Empleo asumió el compromiso de acabar con el déficit generado en IDEA por el uso de las transferencias de financiación para el pago de ayudas y este desfase desapreció en el año 2009.
13 marzo. Jesús María Rodríguez Román sorprende en la continuación de su declaración al afirmar que no hubo ningún "club" para cometer el presunto fraude los ERE. "No sé cómo se puede poner de acuerdo a tantas personas para hacer algo que desconocíamos y cargos públicos de distintas fechas. ¿Cómo se hacía? ¿Había una contraseña para entrar en el club? Duele bastante", lamentó el ex alto cargo.
13 marzo. El ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado Hinojal alega durante su intervención en la vista oral que no conocía el convenio marco de las ayudas y señala que el abono por el IFA de las subvenciones se hacía en un "ambiente de absoluta legalidad y normalidad".
14 marzo. La ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina Varo defiende la "absoluta legalidad" del sistema de concesión de las ayudas y recuerda que trabajó "intensamente" en la revisión de oficio de las ayudas tras estallar el escándalo del caso.
19 marzo. La ex viceconsejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo defiende que “nunca” trasladó al entonces consejero, José Antonio Griñán, los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) con los reparos relacionados con el pago de las ayudas porque el interventor no requirió en ningún momento a su departamento que actuara ante las "discrepancias" que se habían detectado en torno a la partida presupuestaria 31L. "Ni los interventores actuantes ni los técnicos advirtieron de ilegalidad alguna", sostuvo.
20 marzo. El ex director de la agencia IDEA Jacinto Cañete afirma que no apreció "ninguna duda o sospecha de la más mínima irregularidad" en relación con el cometido que tenía encomendado la agencia: el pago de las ayudas que concedía Empleo.
21 marzo. El ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías defiende que siempre hubo una "regulación" para las ayudas bajo sospecha, que estaban contempladas en las leyes de Hacienda y de Presupuestos, en decretos y en las normas dictadas por el Ministerio de Trabajo en 1994 y 1995 que tenían un "carácter supletorio" sobre la legislación autonómica. "No soy ni el mentor ni el jefe de Juan Lanzas", agregó Zarrías sobre el conseguidor de los ERE.
26 marzo. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández niega que persiguieran evitar el control de la Intervención en el pago de las ayudas, y asegura que Javier Guerrero tenía "libertad" para decidir las ayudas "sobre la marcha".
2 abril. Antonio Fernández alega que no fue avisado de que no había fiscalización previa de las ayudas y añade que ningún informe de la Intervención advertía de "ilegalidad o menoscabo" de los fondos públicos, por lo que no había "ningún elemento de preocupación".
4 abril. Antonio Fernández afirma ante el tribunal que se sintió "acosado" por al juez Mercedes Alaya, pero no lo denunció, y dice que aunque declaró "la verdad" ante la instructora, el acta "no reproduce fielmente" lo que dijo.
10 abril. El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, acorrala a Antonio Fernández tras denunciar el "acoso" de Alaya. Se cumplen ocho días de interrogatorio a este ex alto cargo, cuando el juez le pregunta qué aspectos ratifica y cuáles no de la declaración ante la instructora, y su defensa intenta interrumpir el rifirrafe alegando motivos de "cansancio".
11 abril. Antonio Fernández se acoge a su derecho a no declarar, "asustado y aturdido" por las preguntas del juez e incluso dice que no asume lo que declaró en la treintena de preguntas que le había realizado el magistrado en la sesión anterior del juicio.
11 abril. El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán alega que no recibió las alertas del interventor, porque "jamás" se le dio traslado o se le informó de los reparos porque no había "menoscabo o riesgo de menoscabo" de los fondos públicos.
16 abril. El ex presidente de la Junta Manuel Chaves niega la creación de un sistema "para burlar la ley", reconoce que "sabía" que se daban ayudas sociolaborales y a empresas en crisis pero argumenta que ignora el procedimiento y la cuantía de las mismas.
16 abril. El ex director de Trabajo Javier Guerrero cambia de abogado en medio del juicio. El letrado José Ávila releva a Fernando de Pablo en su defensa en el "procedimiento específico".
16 abril. El tribunal rechaza expulsar al sindicato Manos Limpias como acusación popular.
17 abril. El ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García asegura que nunca dudó de que se actuaba de forma "ajustada a Derecho".
17 abril. El PP acusa a la Junta de falsear un documento aportado a la causa para defender a Griñán.
17 abril. El tribunal exime a los acusados de la "carga" de asistir al juicio mientras se practican las pruebas testificales y periciales, debiendo regresar para el trámite de conclusiones definitivas e informes.
23 abril. La Unidad Central Operativa (UCO) ratifica que hubo una decisión política para implantar el sistema por el que durante una década se concedieron las ayudas de los ERE. El responsable del grupo de Delincuencia Económica de la UCO declara que en relación con el pago de las ayudas se detectó "un problema y el Gobierno toma una decisión", y eso se ve "refrendado con las modificaciones presupuestarias" que se hicieron para incrementar la partida 31L
24 abril. El responsable de la unidad de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela en el juicio que se reunió con la instructora de la macrocausa, la juez Mercedes Alaya, en el domicilio de la magistrada cuando ésta estuvo de baja por motivos de salud entre finales de 2012 y principios de 2013.
22 mayo. Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer entre 2003 y 2007 del director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero –y que ha reconocido durante la instrucción de la macrocausa de los ERE que gastó parte del dinero de las ayudas en cocaína y regalos–, testifica en el juicio que Guerrero le comentó que podía dar las ayudas "sin ningún tipo de control".
23 mayo. El que fuera director de área de Planificación y Seguimiento de la Consejería de Presidencia de la Junta Antonio Jesús Mena Calvente niega que Manuel Chaves presionara a la Consejería de Empleo para que solventara el conflicto laboral de la empresa Bilore de Lucena (Córdoba).
30 mayo. La ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa aclara sus afirmaciones respecto a que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán tenían conocimiento de la gestión de las ayudas que se concedían en la Dirección General de Trabajo a través de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles. Rofa explica que desde la Consejería existía un "flujo de información continua" con el gabinete de la Presidencia sobre los conflictos que se estaban produciendo en cada provincia y las ayudas que se iban dando para paliar la situación.
4 junio. La ex interventora general de la Junta Rocío Marcos Ortiz sostiene en el juicio que las transferencias de financiación eran inadecuadas pero no ilegales, y explica que el sistema empleado generaba un "ángulo muerto" que dejaba estas subvenciones sin control previo en la Consejería de Empleo ni posterior en la agencia IDEA.
6 junio. La ex interventora general de la Junta de Andalucía Rocío Marcos insiste en que las deficiencias que detectaron en la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas no eran constitutivas de "delito", sino sólo irregularidades administrativas.
13 junio. El interventor adjunto a la Intervención General de la Junta Ignacio García Revilla declara que el ex presidente José Antonio Griñán, en su condición de consejero de Hacienda, no tenía ninguna "obligación legal" derivada de la emisión de los informes de control financiero permanente con los reparos planteados al pago de las ayudas sociolaborales de los ERE y a empresas en crisis.
18 junio. La auditora de la Cámara de Cuentas Nuria Mendoza Domínguez, que coordinó el informe de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Junta en el periodo 2001-2010, afirma que los expedientes de las subvenciones concedidas por la dirección general de Trabajo eran "la anarquía", porque cada expediente era "distinto del anterior" y planteaban "muchas anomalías", y además el procedimiento empleado para la concesión era "tan anormal" que lo hacía "todo confuso".
4 julio. La ex consejera de la Presidencia Mar Moreno testifica en el juicio, donde asegura que las ayudas fueron avaladas por el Parlamento.
16 julio. Varios testigos que participaron en la revisión de las ayudas cuando estalló el escándalo de los ERE insisten en el "caos" de la documentación que obraba en los expedientes que les fueron remitidos en "cajas de pollo", cómo llegó a afirmar unos de los funcionarios de la Consejería de Empleo.
11 septiembre. Arranca la fase pericial del juicio. Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado y los catedráticos propuestos por las defensas ratifican sus informes, en los que llegan a conclusiones radicalmente distintas.
29 octubre. La Fiscalía Anticorrupción ratifica todos los cargos contra Chaves y Griñán, a los que reprocha que "no pusieran freno" al procedimiento de concesión de las ayudas. Manos Limpias exculpa a Chaves y retira el delito de malversación. El ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez queda exculpado al retirarse las acusaciones, es el único que sabe que será absuelto en la sentencia.
6 noviembre. El chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, entra otra vez en prisión para cumplir una condena de 18 meses impuesta por el Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén, por no haber declarado a Hacienda una de las subvenciones que precisamente le había concedido Javier Guerrero.
12 noviembre. La defensa de Chaves asegura en su informe definitivo que el ex presidente no recibió "ninguna alarma que hiciera saltar las luces rojas", y añade que realizó "actos de gobierno", no dictó resoluciones.
13 noviembre. El abogado de Antonio Fernández alega en su informe que la Intervención delegada en la Consejería de Empleo pudo detener el pago de las ayudas en el año 2001 y sin embargo avaló el sistema.
14 noviembre. La defensa de Magdalena Álvarez rechaza la teoría de la confabulación por "caricaturesca" y alega que no prevaricó porque las transferencias de financiación son "legales" y el Parlamento conocía "perfectamente" que se designaban a pagar las ayudas.
20 noviembre. La defensa de la ex consejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo sostiene que la Intervención era el "único órgano" que podía reparar y suspender el pago de las ayudas de los ERE .
28 noviembre. La defensa del ex director general de Trabajo Javier Guerrero plantea que tanto la juez Mercedes Alaya, como la Fiscalía y las acusaciones populares en el caso de los ERE podrían haber incurrido en los mismos delitos que se atribuyen a los 21 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados por no haber imputado a los 6.500 trabajadores que se beneficiaron de las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, por haber "permitido o dado continuidad a la malversación de ingentes cantidades de dinero público".
12 diciembre. La defensa de Griñán alega que no actuó porque el interventor no detectó menoscabo de fondos públicos.
13 diciembre. El abogado del ex consejero de Empleo José Antonio Viera reprocha a la Fiscalía Anticorrupción que introdujera el delito continuado de malversación de caudales en el procedimiento específico de los ERE con el "fin ilegítimo de asegurar un resultado con su escrito de acusación", en alusión a una posible condena para la que la defensa alega que no existe prueba de cargo suficiente porque no han sido traídos a este juicio los 6.800 trabajadores que se beneficiaron de las ayudas de los ERE .
17 diciembre. Finaliza a las 14:14 horas la vista oral por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, la primera de las 187 piezas que componen la macrocausa de los ERE, después de un año y cuatro días en los que se han celebrado 152 sesiones. Los 21 ex altos cargos imputados no hacen uso de su derecho a última palabra, salvo Chaves y Griñán, que muestran su agradecimiento al tribunal por la forma en la que se han desarrollado las sesiones.
2019: a la espera de la voluminosa sentencia
Los magistrados Pilar Llorente, Juan Antonio Calle Peña, y Encarnación Gómez, que forman el tribunal de la pieza política de los ERE.
1 febrero. El tribunal que debe dictar la sentencia sólo se ha podido reunir a deliberar una vez en 15 días, dado que sólo está liberado el ponente, Juan Antonio Calle Peña, mientras que las otras dos magistradas, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, tienen que seguir celebrando juicios y resolviendo apelaciones.
26 febrero. La Sala de Gobierno del TSJA libera durante seis meses más al magistrado ponente para la redacción de la sentencia, un plazo que luego se extiende otro mes hasta la fecha del 26 de octubre.
23 abril. La Junta de Andalucía acepta pagar 90.000 euros a la defensa de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez por su intervención en la macrocausa de los ERE, aunque su abogado había reclamado el pago de una minuta de 255.000 euros.
30 mayo. La Audiencia de Sevilla condena a los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, ambos procesados en el caso de los ERE, a cinco años y tres meses de prisión, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación por la empresa Umax Informática y Consultoría de al menos 44 trabajadores algunos de los cuales estaban relacionados con "vínculos de vecindad y amistad" de Javier Guerrero, a través de un contrato con esta entidad en el que se prescindió "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que se hizo de forma verbal". El tribunal también condena a la misma pena a los ex secretarios generales técnicos de Empleo Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.
27 julio. El ponente retrasa sus vacaciones, sólo se toma cuatro días en agosto, para intensificar la redacción de la sentencia.
11 septiembre. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se reúne en Sevilla con los tres magistrados del tribunal. Asegura que la sentencia de los ERE está "muy avanzada" y tendrá un millar de folios o más. La intención del tribunal es que el fallo esté a finales de octubre, dado que el TSJA ha concedido una prórroga hasta el 26 de octubre, pero no hay nada seguro.
25 octubre. El magistrado ponente de la sentencia, Juan Antonio Calle Peña, pide al TSJA una nueva prórroga de 15 días para finalizar la redacción de la sentencia, con lo que el fallo no se conocerá hasta después de las elecciones general del 10 de noviembre.
29 octubre. La Sala de Gobierno del TSJA prorroga por otros 15 días la liberación del ponente para la redacción del fallo. El juez necesita este tiempo para integrar los 50 archivos informáticos que tiene redactados y que acumulan 1.700 folios. La sentencia triplicará a la del desafío soberanista del procés, que tuvo 493 folios.
12 noviembre. El tribunal dicta una providencia en la que cita a los 21 acusados y a los procuradores para notificarles la sentencia una semana después, el 19 de noviembre.
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